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DE LA OPERACIÓN TRAPÍO AL ÁRBOL DEL AHORCADO
Escribo hoy sobre fraudes taurinos, no me gustan, pero toca. El último, muy reciente, bautizado como “Operación Trapío”, y que después veremos que no es tal, trata sobre una red que falsificaba los certificados de nacimiento de reses bravas. Esta trama ocupa columnas en la prensa general y especializada, en toros no en timos, desde la pasada semana. Sólo hay un detalle que se ha pasado por alto: ningún periodista se ha preocupado en investigar, de primera mano, la supuesta estafa, ni de hablar con el principal implicado: un ganadero cacereño llamado Alberto Manuel. Escribía Joseph Pulitzer que “ante un acontecimiento cotidiano puede apreciarse enseguida al corresponsal que ha descendido hasta las entrañas mismas del conflicto y aquel otro que únicamente ha descendido las escaleras de su despacho para llegar hasta la calle y, sin implicarse demasiado, recitar con habilidad su crónica”.
Si Alberto Manuel fuera un etarra o asesino a sueldo, su nombre aparecería en la prensa precedido por el amparo de sospechoso o supuesto pero, al ser ganadero, la presunción de inocencia es borrada de un plumazo. A Alberto Manuel se le acusa de haber falsificado los papeles de varias vacas vendidas a los pueblos vecinos para que estos las corran por sus calles; un oficio con el que su familia se ha labrado una sólida reputación desde hace treinta años. El título de la operación, “Trapío”, es hiperbólico, puesto que ni siquiera se trata de la compra-venta de toros para espectáculos mayores, esto es, para ser lidiados en corridas, sino en festejos populares.
Según la información publicada en periódicos locales, portadas autonómicas y webs de todo tipo, por dicha falsificación, Alberto Manuel ha sido encarcelado; aunque yo juro que lo encontré el sábado trabajando en su finca de “La Zarzuela”, libre y sin esposas. La encarcelación mediática fueron, en realidad, veinte minutos de declaración en la comisaría de Coria para entregar la documentación de las reses. La inmensa mayoría de periodistas también omiten que los alcaldes de todos los pueblos implicados en el caso, aquellos que compraron los rumiantes, han declarado a su favor, asegurando que no ha habido engaño en la mercancía vendida. Ellos querían vacas grandes y con movilidad, sin preocuparles un pito su origen, y eso fue justamente lo que obtuvieron. Unas becerras bien criás. Un dato que echa por tierra la acusación de haber falseado la procedencia de los astados, dando gato por liebre, y haciéndolos pasar por ganaderías de prestigio, tal y como aseguraba la nota de prensa. Además, ¿a qué sibarita corredor de pueblo le importa la ascendencia de los bichos que sueltan por las calles de su municipio?
Aseveran también los incisivos medios que, mediante estas alteraciones, Alberto Manuel sacaba un sustancioso beneficio, dada la diferencia de precio entre la res que se vendía y la que realmente se lidiaba (como si te ofrecen un Seat por un Mercedes). No obstante, en el mercado callejero-rumiante, las vacas más baratas se ofrecen a 200 euros, y las más caras a 300. Terciada fortuna iba a reunir con la diferencia.
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